La Prescripción de Sanciones en el Derecho Administrativo Sancionador

En el Derecho Administrativo Sancionador, uno de los aspectos clave para la defensa de los particulares es la prescripción de las sanciones. Este principio limita el tiempo que tiene la Administración Pública para imponer sanciones después de que se ha cometido una infracción, garantizando seguridad jurídica tanto para las personas como para las empresas. En este artículo, analizaremos qué es la prescripción en el contexto del derecho sancionador, su importancia, los plazos aplicables en Chile y cómo afecta a quienes se ven involucrados en procedimientos administrativos sancionadores.

¿Qué es la Prescripción en el Derecho Administrativo Sancionador?

La prescripción es una figura jurídica que establece un límite temporal para que la Administración ejerza su facultad sancionadora. Es decir, si la Administración no inicia un procedimiento o no impone una sanción dentro del plazo establecido por la ley, la infracción "caduca", y la persona o entidad ya no puede ser sancionada por ese hecho. Este principio es crucial para evitar que la Administración mantenga indefinidamente la posibilidad de sancionar a los ciudadanos o empresas, y busca garantizar un equilibrio entre el poder punitivo del Estado y los derechos de los particulares.

¿Por Qué es Importante la Prescripción?

La prescripción en el derecho sancionador es fundamental por varias razones:

1. Seguridad jurídica: Garantiza que las personas y empresas no vivan bajo una constante amenaza de sanción indefinida, brindándoles estabilidad.
2. Eficiencia administrativa: Obliga a la Administración a actuar con diligencia, investigando y sancionando infracciones en tiempos razonables.
3. Protección de derechos: La prescripción impide que las personas sean sancionadas por hechos que ocurrieron hace mucho tiempo, cuando ya es difícil reunir pruebas o presentar una defensa adecuada.

¿Cuáles son los Plazos de Prescripción en Chile?

En Chile, los plazos de prescripción varían según la naturaleza de la infracción y las leyes específicas que regulan el sector. Sin embargo, a nivel general, los plazos se encuentran definidos en la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, y otras normativas específicas de distintos sectores. Por lo general, los plazos de prescripción pueden clasificarse así:

• Faltas leves: La prescripción suele fijarse en 6 meses a 1 año desde que la infracción es cometida.
• Infracciones graves: Estas infracciones suelen prescribir en 2 a 3 años, dependiendo de la legislación aplicable.
• Infracciones muy graves: Las sanciones por estas infracciones pueden tener plazos de prescripción más largos, generalmente entre 3 a 5 años.

Estos plazos comienzan a contarse desde el momento en que se comete la infracción, o desde que la Administración tiene conocimiento de la misma. Es importante tener en cuenta que algunos actos administrativos, como el inicio formal de un procedimiento, pueden interrumpir la prescripción y hacer que los plazos se reinicien.

Interrupción y Suspensión de la Prescripción

El cómputo del plazo de prescripción puede verse afectado por diversas circunstancias. Dos conceptos clave en este sentido son la interrupción y la suspensión:

• Interrupción: Ocurre cuando la Administración realiza un acto formal que evidencia su intención de sancionar, como la notificación del inicio del procedimiento. En este caso, el plazo de prescripción se reinicia desde cero.
• Suspensión: En ciertas situaciones excepcionales, el plazo puede suspenderse temporalmente, como cuando se está a la espera de la resolución de un recurso o de un procedimiento penal que tenga relación con la infracción.

Es importante estar al tanto de estas figuras, ya que pueden influir en la estrategia de defensa legal.  

¿Qué Ocurre si una Infracción ya ha Prescrito?

Si la Administración intenta sancionar por una infracción que ya ha prescrito, la persona o empresa afectada tiene derecho a oponerse y solicitar la anulación del procedimiento sancionador. La prescripción debe ser invocada como una excepción, y es esencial contar con asesoría legal para plantearla de manera adecuada y en los tiempos correctos. En caso de que la Administración continúe con el procedimiento sancionador a pesar de la prescripción, los afectados pueden recurrir ante los tribunales para que se reconozca la caducidad del derecho de la Administración a sancionar.

Estrategia Legal para Procedimientos Administrativos Sancionadores

Si te enfrentas a un procedimiento administrativo sancionador, es fundamental evaluar desde el principio si la infracción está dentro del plazo de prescripción. Un abogado especializado en Derecho Administrativo Sancionador puede ayudarte a analizar:

1. Fecha de comisión de la infracción: Es crucial determinar cuándo ocurrió el hecho para establecer si la infracción aún es sancionable.
2. Acciones de la Administración: Revisar si ha habido actos administrativos que hayan interrumpido o suspendido el plazo de prescripción.
3. Recursos: Presentar los recursos necesarios para alegar la prescripción y evitar una sanción indebida.

Conclusión

La prescripción de sanciones en el Derecho Administrativo Sancionador es una herramienta vital para proteger los derechos de los ciudadanos y empresas frente al poder punitivo del Estado. Entender cómo funciona este mecanismo y los plazos aplicables puede marcar la diferencia en la defensa ante un procedimiento sancionador. Si te encuentras en una situación donde la Administración te ha notificado de una posible sanción, y crees que la infracción podría estar prescrita, te recomendamos consultar con un abogado especializado para que evalúe tu caso y te guíe en el proceso. En Asesorías & Litigios contamos con especialistas en derecho administrativo sancionador dispuestos a asesorarte y defender tus derechos. ¡Contáctanos hoy mismo para obtener la orientación legal que necesitas!  

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